Oct202012
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Hasta la capital de la Región del Maule llegaron más de cien jueces provenientes de todo el país para participar de la 40ª Convención Nacional de Magistrados que por espacio de 3 días reunió a los asociados en torno a la discusión de diversos temas gremiales y a cuya ceremonia de inauguración efectuada en el edificio de la Corte de Apelaciones de Talca el jueves 11, asistieron, entre otras autoridades, el Ministro de Justicia, Teodoro Ribera y el Ministro Hugo Dolmetch, en representación de la Corte Suprema.

En la jornada del 13 de octubre, el Presidente Leopoldo Llanos hizo una relación con los principales hitos de su gestión, remitiéndose a la Memoria de la Asociación Nacional de Magistrados y que sería puesta a disposición de los asociados, aprobándose por unanimidad la cuenta referida.

Seguidamente, expuso el administrador de la ANM Sr. Alex Alcaíno, quien realizó una completa y detallada presentación acerca de la situación financiera de la institución, con especial énfasis en las partidas, ingresos y egresos, así como del funcionamiento de los centros vacacionales, fondo solidario, fondo de catástrofe, fondo de servicios jurídicos, gastos operaciones y proyección presupuestaria para 2013, entre otras partidas.

Respecto de la decisión que han adoptado asociadas afectadas con la aplicación del postnatal parental de renunciar a la Asociación para no ver disminuidos aún más sus ingresos, se propuso disponer que en lo sucesivo se les reintegren a las juezas aludidas los aportes ordinarios y extraordinarios que se les descontaren mensualmente mientras dure el permiso señalado, la que fue aprobada unánimemente por los presentes.

En tanto, la Regional Antofagasta solicitó una revisión exhaustiva de cada una de las partidas detalladas en el presupuesto, y en especial, la continuidad del servicio de jusrisprudencia online que la institución mantiene vigente y a disposición de los asociados, que los presentes finalmente estuvieron por mantener habida cuenta de su utilidad y calidad respecto de otras bases similares en uso.

Al término de la discusión respecto de la situación financiera de la institución y debido a las consideraciones planteadas por el administrador sobre el déficit proyectado para el próximo ejercicio, por un lado; el congelamiento anotado por el monto de la cuota ordinaria durante al menos la última década, por otro y que dicho guarismo no cumplía con lo establecido por los estatutos de la Asociación, que en su artículo 55º indica que "la cuota ordinaria mensual será determinada por la Convención Nacional Ordinaria del año correspondiente, a propuesta del Directorio Nacional y no podrá ser inferior al cero coma tres por ciento del sueldo líquido del asociado ni superior al uno por ciento de dicho sueldo, una vez que se efectúen los descuentos legales", se propuso a la asamblea elevar la cuota ordinaria llevándola a un monto que se ubique dentro de la banda que establecen estos estatutos; esto es, un monto que oscilare entre el 0,3% y el 1,0% de la renta líquida de cada asociado.

De esta forma, se votaron 4 propuestas:

1) Mantener la cuota actual; 2) Aumentar la cuota llevándola a un 0,3% parejo para todos los asociados; 3) Aumentar la cuota a un 0,3% por grado y 4) Aumentar la cuota a un 0,4% por grado, siendo esta última la opción por la que se inclinó la mayoría de los presentes, con 35 votos a favor.

Posteriormente y a consulta de algunos asociados sobre el futuro de la cuota extraordinaria -que en la actualidad se destina a servir el crédito contratado para la compra del departamento de Santa Lucía, donde funciona la Casa del Juez- se explicó que reglamentariamente la Asamblea no puede decidir sobre su destino o eliminación pues ello es resorte de la Junta Nacional de Presidentes, no obstante el Presidente saliente señaló que con la nueva cuota recién aprobada podría ese órgano abordar el tema a futuro, quedando para marzo la discusión respecto del 30% que los estatutos señalan debe ser destinado a las Asociaciones Regionales, bajo el nuevo escenario económico que supondrá la recaudación a partir de noviembre (y considerando, además, que la actual cuota que cada Regional cobra no está contemplada en los Estatutos).

Acto seguido, la Asamblea aprobó el informe de la Comisión Revisora de Cuentas, oportunidad en que se aclararon además todas sus observaciones, estableciéndose que el balance se encontraba completo, sin mayores comentarios que formular.

Respecto de las comisiones de trabajo formadas al alero de la Convención -Reforma Procesal Civil y Corporación Administrativa del Poder Judicial- expuso en primer término la jueza y asociada Sra. Lidia Poza, quien señaló que en la convención anterior se había acordado abordar el ámbito orgánico de esta reforma, indicando asimismo que se abordó el Rol y Perfil del Juez Civil oyéndose la exposición de un representante del Ministerio de Justicia y quien hizo una presentación sobre el trabajo hasta ahora de la Comisión Orgánica, concluyendo que los principios que inspiran el nuevo procedimiento están claros y que se debe contar con tribunales suficientes y en lugares adecuados debiendo mediar procesos de trabajo eficiente, refiriéndose además a la necesidad de evaluar una nueva estructura de la Academia Judicial a la luz de este nuevo procedimiento.

A continuación se dio la palabra al Sr. Director del Instituto de Estudios Judiciales, ministro Haroldo Brito, quien dio cuenta de la materialización de la compra del nuevo inmueble para su sede ubicado en Av. San Martín, a pasos de la Alameda, tal como se acordó en la Convención anterior en que los asociados autorizaron la venta del antiguo local de calle Tenderini, así como de las dificultades enfrentadas al ocupar la nueva propiedad en junio de 2012, proyecto que demandó una inversión de 460 millones de pesos.

La segunda comisión de trabajo estuvo dedicada a abordar la visión gremial de la CAPJ, respecto de la cual se identificaron una serie de ocurrencias sobre las que los miembros de la instancia manifestaron preocupación, acordándose en definitiva instaurar una comisión permanente que supervigilare el actuar de la Corporación; promover la ampliación de los Consejos Zonales con un integrante elegido por la ANM; solicitar que se establezca un procedimiento de consulta permanente de las decisiones al Escalafón Primario y el perfeccionamiento de las convocatorias y oportunidad de las reuniones, entre otras cuestiones y propuestas planteadas, las que se aprobaron en su totalidad en forma unánime.

En otro ámbito, se aprobó la propuesta de la Regional Temuco de organizar la próxima Convención con sede en la capital de la Araucanía y con una serie de actividades por la zona. Expuso posteriormente el Sr. José Ignacio Rau, quien hizo un recorrido por los hitos del Balance Social durante los últimos 4 años desde la Convención de Valdivia en que se acordó su creación. Dio cuenta de las dificultades enfrentadas y de los desafios propuestos en el evento de que se continuara con ella. Se acordó fuere tema de la próxima Junta Nacional y que continuara con su trabajo con el apoyo del nuevo Directorio.

Finalmente, se propuso restablecer la Comisión de Derechos Humanos, acordándose que el Directorio promovería su reposición de acuerdo con sus  facultades estatutarias. En relación con la nivelación de la asignación de jueces de capital de provincia, la Asamblea estuvo porque el Directorio persistiera en su defensa al igual que en las negociaciones por un eventual incentivo al retiro, pese al relativo desfavorable escenario actual para las pretensiones gremiales.

Al cierre de la Convención, se aprobó suscribir una declaración pública condenando las últimas intervenciones por parte de diversas autoridades de Gobierno que han resultado en una afectación del principio de independencia externa e interna de los jueces, la cual sería difundida el martes siguiente a la clausura de la reunión.

 

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