Dic292012
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Señor director:

En el editorial del pasado viernes 28 se critica el proceder del Poder Judicial y de la policía en la fuga del imputado Hans Niemeyer; celebrando, a su vez, el uso de la facultad constitucional contenida en el artículo 32 N° 13 de la Carta Fundamental por parte del Poder Ejecutivo, acusándose falta de contundencia en las aclaraciones de las instituciones involucradas y poniendo en duda la existencia de una real preocupación por evitar su repetición.

Asimismo, se relaciona lo ocurrido con una “amenaza latente de corrupción” y con la “entendible suspicacia por eventuales factores ideológicos que pueden haber determinado tan sospechoso cúmulo de fallas”.

Entendemos que el ritmo de las investigaciones decretadas y pendientes suela diferir de lo deseado habitualmente por la prensa en su tarea de informar a la ciudadanía; sin embargo, la seriedad del error en cuestión amerita la máxima rigurosidad en la determinación de los verdaderos factores que confluyeron en este caso, toda vez que las medidas investigativas fueron oportunamente decretadas y cuyo resultado permitirá adoptar los remedios procesales y administrativos que correspondan.

Nos parece que en tanto se encuentren pendientes tales indagaciones, tales expresiones, críticas y suspicacias allí vertidas resultan desproporcionadas y carentes de sustento objetivo.

Por último, en lo que respecta al uso de la facultad constitucional ejercida por el Poder Ejecutivo -querellante en la causa de que se trata- esta nada nuevo aporta al escenario previo, en el cual, una vez detectado el incumplimiento de parte del imputado, ya estaban ordenadas las investigaciones respectivas. Por el contrario, sólo viene a aumentar la cantidad de investigaciones paralelas que existirán sobre el particular y a motivar efectos distintos de los procesales, sin tener mayor claridad acerca de las responsabilidades funcionarias que se perseguirán en definitiva, a través de esta excepcionalísima acción.

En consecuencia, hacemos un llamado a un análisis más sereno y racional de los sucesos, sin adelantar juicios, esperando que las investigaciones en curso aporten información objetiva sobre la cual podrán adoptarse las decisiones que correspondan.

Rodrigo Cerda San Martín

Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados

 
Sep242012
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Señor Director:

En su editorial de la edición del 23 de septiembre (página 3, cuerpo A) se afirma que la existencia de asociaciones gremiales de jueces es incompatible con la estructura jerárquica del Poder Judicial chileno, así como con la calidad de funcionarios públicos de los jueces. Asimismo, sostiene que los intereses asociativos podrían ser incompatibles con los generales de la organización, por los que deben velar miembros de la Corte Suprema, en caso de que integren la entidad gremial. Por último, llama a encauzar jerárquicamente la "efervescencia" producida al interior de la Asociación de Magistrados a raíz de sus últimas elecciones, en que compitieron dos agrupaciones de diversas tendencias.

Tales afirmaciones no pueden sino sorprendernos. En primer término, porque la existencia de las asociaciones de jueces se encuentra reconocida en instrumentos internacionales de la OIT que datan de 1948; además, están expresamente contenidas en el Estatuto de la Unión Internacional de Magistrados, fundada en 1953 y órgano consultor de la ONU y del Consejo de Europa (Art. 12) y en el Estatuto del Juez Iberoamericano, aprobado por la Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas (Art. 36), a la cual pertenece la Corte Suprema de Justicia de Chile y que será, además, anfitriona de la Cumbre a efectuarse en 2014 en Santiago. Por último, en nuestro ordenamiento interno las asociaciones de magistrados están previstas, como miembros plenos, en el Consejo de la Academia Judicial (Ley N° 19.346) y en la Comisión Interinstitucional sobre bonos de desempeño del Poder Judicial (Ley N° 20.224).

Cabe hacer notar que nuestra asociación gremial -que como todas las de su tipo existe para velar principalmente por la independencia externa e interna de los jueces (como se establece en los estatutos antes citados) y los legítimos intereses de éstos- se creó en 1968 al amparo de la libertad de asociación, contemplada en las Cartas Fundamentales de 1925 y de 1980.

Finalmente, no nos parece pertinente ni prudente que el editorial llame a la Corte Suprema a "encauzar", en uso de sus atribuciones jerárquicas, la actividad asociativa de los jueces, como si ésta hubiese desbordado el ordenamiento jurídico vigente. Lo que procedería es que la organización judicial chilena se adecue a una estructura que compatibilice un sistema de justicia eficiente, que, entre otros factores, requiere -como garantía de los ciudadanos, no privilegio de los jueces- la plena independencia de los magistrados, externa (claramente erosionada últimamente por la intervención de autoridades del Ejecutivo) e interna, esta última contrapuesta a la concentración de potestades (disciplinarias y administrativas) en la cúspide del Poder Judicial. Luego, como Asociación de Magistrados propiciamos -y ello es legítimo sostenerlo para ser consecuente con los estatutos antes citados y nuestros propios principios- que deben separarse tales potestades y entregarse a otro órgano de integración judicial, pero participativa de todas las categorías y estamentos de la judicatura. Así, creemos que el juez resolverá sólo con estricta sumisión a la ley, sin perjuicio de la modificación de sus decisiones por la vía de los recursos procesales.

Leopoldo Llanos Sagristá
Presidente Asociación Nacional de Magistrados

   

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