Oct162012
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La cuadragésima Convención de la Asociación Nacional de Magistrados, reunida en la ciudad de Talca el día 13 de octubre de 2012, acordó en forma unánime lo siguiente:

1. Manifestar su absoluto desacuerdo con las declaraciones del Presidente de la República y del Ministro de Justicia, expresadas el día 11 del presente, donde anuncian un proyecto de ley de reforma al proceso penal e indican como uno de sus ejes el aumento de los controles a los jueces de garantía.

2. Un anuncio de esa índole puede inducir a error a la opinión pública, al instalar la idea de que los jueces penales no cuentan con mecanismos adecuados para controlar sus decisiones, en circunstancias que la Constitución y la ley vigentes si consideran medios de impugnación concretos que procuran evitar el error judicial. En efecto, nuestro sistema jurídico contempla un conjunto de recursos procesales para dicho fin, única vía legítima de modificar el sentido de las resoluciones judiciales en un Estado de Derecho, sin perjuicio de las responsabilidades funcionarias y políticas en que pudieren incurrir.

3. Sabemos que en democracia las instituciones públicas están sometidas a un constante escrutinio de parte de la ciudadanía, en razón del ejercicio que realicen de sus funciones estatales, por ello resulta fundamental que la información no se distorsione en procura de una opinión determinada. En consecuencia, los representantes de los órganos estatales deben ser cuidadosos al momento de manifestar sus puntos de vista respecto del quehacer de otras entidades públicas, en especial si ellas son concebidas constitucionalmente como poderes independientes. Menos aún podemos aceptar ataques puntuales de otras autoridades a las funciones jurisdiccionales soberanas, sobre todo si éstos denotan el propósito de trasladar a los tribunales las responsabilidades vinculadas a la investigación de delitos y a la persecución penal, toda vez que los jueces resuelven de acuerdo a los antecedentes que los intervinientes les proporcionan en el proceso, con absoluta imparcialidad y con sujeción a la ley.

4. Finalmente, aún cuando es facultad del Ejecutivo presentar los proyectos de ley que estime pertinentes, una reforma como la anunciada no puede ser fruto de la improvisación y requiere de un adecuado estudio, con datos empíricos serios, participación de todos los actores del proceso penal, sin afectar sus principios fundamentales y sin que signifique un retroceso desde el punto de vista de los derechos y garantías de las personas.

 

 
Nov012011
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Hoy día 30 de octubre de 2011, acaba de celebrarse la sesión plenaria de la XXXIX Convención Nacional, Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial de Chile realizada en la ciudad de La Serena. Durante su desarrollo, los jueces de nuestra República no hemos podido dejar de analizar acontecimientos determinados por las manifestaciones efectuadas por diversas organizaciones sociales, y la reacción que el resultado de esos eventos ha provocado en algunas  autoridades de organismos públicos, muchas de las cuales se han traducido en críticas hacia jueces que ejercen competencia penal y que se han generalizado, haciéndose extensivas  a todos quienes formamos  parte del Poder Judicial de Chile, con abstracción de las diferentes competencias  que integran la actividad jurisdiccional. Respecto de aquellos magistrados que ejercen jurisdicción en lo penal, se ha llegado a sostener, por parte del Ministro de Justicia don Teodoro Ribera Neumann, quien debe intervenir en el nombramiento de los jueces, que se revisará la forma como  estos han resuelto en materias sometidas a su conocimiento.

Tales críticas y anuncio no pueden sino considerarse como una agresión y presión indebida contra la independencia del juez, principio éste que nuestro ordenamiento jurídico garantiza a la sociedad toda, y que se traduce en la certeza acerca de que el llamado a resolver un conflicto lo hará sin otra limitante que sujetarse a la Constitución Política de la República y la ley. Por ello, se trata de un valor que las autoridades públicas son las primeras llamadas a respetar, por constituir una base fundamental del Estado de Derecho.

Por tales razones, la Asociación nacional de Magistrados de Poder Judicial de Chile expresa ante la comunidad que rechaza las apreciaciones de quien, como integrante del aparato estatal, actúa en calidad de parte ante los Tribunales de Justicia y repudia todo intento de presionar a los jueces, condicionando su eventual nombramiento en un cargo, para que sometan sus decisiones a los intereses de cualquier grupo, idea o corriente política o filosófica y  recuerda  a quienes han manifestado de cualquier forma esas intenciones, que, en un Estado Democrático de Derecho, fundado en la separación de poderes públicos, cada uno de éstos debe cumplir los roles que la Constitución les asigna, estándoles vedado inmiscuirse en las facultades de los demás, perseverando nuestra entidad gremial en sus esfuerzos para asegurar la mantención  y defensa de la independencia, tanto interna como externa, con que los jueces ejercen jurisdicción, sometidos únicamente al mérito de los antecedentes aportados por las partes de un conflicto, y al imperio de la Constitución Política de la República de Chile y a sus leyes.

Adoptada por la mayoría de los presentes.

 

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