07Mayo2013
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Declaración de la 62ª Asamblea de FLAM

La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) reunida en asamblea general ordinaria en Santiago de Chile, el 7 de mayo de 2013, ha tomado conocimiento de la situación de los Poderes Judiciales en sus países miembros según el siguiente detalle expuesto por cada una de las delegaciones asistentes:

La delegación de Brasil observa con preocupación el claro impacto en la independencia judicial de la Propuesta de Enmienda Constitucional N°33 en cuya virtud las declaraciones de inconstitucionalidad de las enmiendas a la Carta Fundamental emanadas del Supremo Tribunal Federal han de ser sometidas a la aprobación del Congreso Nacional y desde otra perspectiva, se denuncia el debilitamiento de las facultades investigativas del Ministerio Público para ser entregadas en forma exclusiva a las policías, dependientes del poder político, en virtud de la Propuesta de Enmienda Constitucional N° 37, abriendo un foco de impunidad de consecuencias difíciles de solucionar.

Que la delegación de República Dominicana manifiesta inquietud por el desarrollo de procesos disciplinarios, en el marco de los cuales se decretan medidas como la suspensión de funciones y otras altamente invasivas como la realización de pericias médicas. Asimismo denuncian el incumplimiento de la Ley en cuanto a los porcentajes de financiación presupuestaria del poder judicial y la materialización de promociones y ascensos sin respetar el escalafón judicial.

Por su parte, la asociación de magistrados Chile denuncia situaciones de intervención política al criticarse fuertemente, por las mismas autoridades que intervienen en el sistema de nombramiento de los jueces y juezas, decisiones vinculadas a la libertad de imputados en procesos penales, pretendiendo trasladar la responsabilidad del Gobierno en temas de seguridad ciudadana al Poder Judicial y desde la perspectiva interna, se observa que la concentración de funciones jurisdiccionales y de gobierno judicial en la Corte Suprema del país resulta inconveniente para la independencia de los jueces y juezas, utilizándose procesos disciplinarios para revisar el contenido de las decisiones de algunos jueces.

La delegación de Costa Rica manifiesta su preocupación en orden a que su sistema de pensiones y jubilaciones no sean reformados de forma tal que los jueces y juezas mantengan un nivel adecuado de ingresos una vez que finalizan su vida laboral, y que durante el ejercicio de sus funciones garantice la independencia judicial.

Los jueces asociados de El Salvador han expuesto sus problemáticas fundamentalmente en orden a exigir un respeto pleno del derecho a defensa de los jueces sometidos a procesos disciplinarios. Asimismo, exponen su deseo de implementación de una verdadera carrera judicial en base a parámetros de mérito y con procedimientos objetivos y transparentes. Respecto a las remuneraciones, instan a sus autoridades para eliminar el sistema de categorías y establecer adecuados fondos de retiro y finalmente expresan sus intenciones en orden a obtener mayor representación en el Consejo General de la Judicatura asi como la posibilidad de que el representante de los jueces y juezas pueda acceder a la Presidencia de dicho órgano en condiciones de absoluta igualdad respecto a otros estamentos.

La delegación de Honduras denuncia la existencia, por parte de las autoridades de gobierno y legislativas, de una política de sospecha permanente sobre los jueces y juezas, vinculándolos, sin antecedente alguno, a conductas de complicidad con el crimen organizado y ordenando que sean sometidos a instrumentos altamente invasivos como las pruebas de polígrafo para descartar tales supuestos fenómenos.

Los delegados de Nicaragua hacen presente la necesidad imperiosa de respetar el debido proceso en los asuntos disciplinarios seguidos contra los jueces y juezas, haciendo presente que en dicho país se imponen medidas de suspensión de funciones como una sanción anticipada y se extienden excesivamente los procesos.

Finalmente, la situación de los jueces de Argentina y Perú ha motivado que la Asamblea elabore declaraciones separadas para cada uno de estos países miembros. Respecto a la República Argentina, dicha decisión de pronunciamiento especial tiene su origen en la grave afectación de la independencia judicial y la división de los Poderes del Estado, fruto de sendos proyectos de Ley que de sancionarse ponen en riesgo el sistema republicano mismo.

CONSIDERANDO:

Que, tanto la Federación Latinoamericana de Magistrados como la señora Relatora de las Naciones Unidas para la independencia judicial, invitada especial a la 62 Asamblea de nuestra Federación, observan con preocupación el creciente proceso de politización de los poderes judiciales en América Latina y el Caribe, manifestado en injerencias indebidas de la más diversa índole desde las autoridades gubernamentales y legislativas. Y desde otra óptica, pero no menos grave, nuestra Asamblea constata un aumento sistemático de los fenómenos de interferencia al interior de los distintos poderes judiciales utilizándose para ello mecanismos disciplinarios que no cumplen estándares mínimos de debido proceso y que muchas veces son utilizados para cuestionar el contenido de decisiones jurisdiccionales adoptadas por los jueces y juezas sin que existan conductas que sean merecedoras de reproche alguno, afectándose de esta manera de forma irreversible la independencia judicial.

Destacan como países con diversas problemáticas que afectan o pueden llegar a afectar la independencia interna o externa Argentina, Brasil y Chile.

Desde otro ámbito, pero muy relacionado con lo anterior, resulta indispensable llamar la atención sobre las remuneraciones de los jueces y juezas, las que han de ser dignas y coherentes con la responsabilidad que implica resolver acerca de los derechos y bienes más valiosos de las personas, y ello no como privilegio de los magistrados y magistradas sino como un mecanismo necesario para evitar cualquier intento de interferencia externa en las decisiones judiciales, interferencias que suelen encontrar en las debilidades presupuestarias un campo fértil de desarrollo. Y no debe perderse de vista, que la independencia que pretendemos preservar ha de considerar no sólo remuneraciones dignas durante la vida laboral de los jueces y juezas, sino que también fondos de retiro que permitan vivir adecuadamente una vez finalizada la actividad laboral jurisdiccional. En este punto merecen especial atención las situaciones expuestas por los delegados de Uruguay, Perú y Costa Rica.

Todas estas consideraciones hacen indispensable reiterar principios básicos de todo Estado Democrático de Derecho, y para ello hemos de estar de acuerdo en que el valor fundamental en esta materia es que los jueces y juezas lleven a cabo sus funciones jurisdiccionales de manera independiente, con inamovilidad y sometidos únicamente al imperio de la Ley. En este contexto, el sistema tradicional de separación de poderes exige diferenciar al Poder Judicial de los demás poderes del Estado, precisamente para salvaguardar esa imparcialidad que debe garantizarse cualquiera que sea el resultado de las urnas, debiendo además avanzar en el establecimiento de órganos de gobierno judicial autónomos y protegidos de toda intervención política.

POR ESTAS CONSIDERACIONES SE DECLARA:

Que, vistas las condiciones en que se desarrolla la actividad jurisdiccional en América Latina y el Caribe, nos dirigimos a los gobiernos, Cortes Supremas Y Órganos de Gobierno Judicial de los países miembros de la FLAM, en lo que a cada uno compete, para:

1.-Exigir a las autoridades políticas de América Latina el más irrestricto respeto a la independencia judicial, estableciendo mecanismos idóneos que aseguren la efectiva separación de poderes y el reconocimiento de las atribuciones que son propias del Poder Judicial;

2.-Demandar a las Cortes Supremas y Órganos de Gobierno de la judicatura de los países miembros de la FLAM el aseguramiento de estándares objetivos que garanticen la plena vigencia del debido proceso en los asuntos disciplinarios que afecten a los jueces, con sujeción absoluta al principio de tipicidad, debiendo además abstenerse de utilizar estas herramientas como forma encubierta de controlar el contenido de las decisiones jurisdiccionales, llamándose la atención sobre las problemáticas expuestas por Chile, República Dominicana, El Salvador y Nicaragua;

3.-Instar a las autoridades competentes de cada país de América Latina el establecimiento de sistemas de selección, promoción y perfeccionamiento de los jueces basados únicamente en consideraciones objetivas de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades, respetando la carrera judicial allí donde se encuentre ya establecida o regulada, poniéndose énfasis en la situación denunciada por la delegación de República Dominicana.

4.-Hacer un especial llamado al gobierno de Honduras para que cesen las iniciativas que impliquen levantar un manto de dudas, absolutamente infundado, sobre la conducta ministerial de los jueces y juezas de dicho país, vinculándolos irracionalmente, de una u otra forma, a actividades ilícitas y socavando con ello uno de los pilares de todo Estado Democrático de Derecho, como es el Poder Judicial, lo que además contribuye a generar desconfianzas ciudadanas que en nada contribuyen al fortalecimiento de nuestras democracias.

5.- Reiterar el llamado a las autoridades políticas de cada país de América Latina a establecer mecanismos que aseguren a los jueces remuneraciones dignas y coherentes con las responsabilidades que las Leyes les han asignado, durante la vida laboral activa y también al momento del retiro, como mecanismo necesario para evitar interferencias indebidas en las decisiones jurisdiccionales fruto de debilidades económicas y presupuestarias, siendo urgente solucionar las dificultades que enfrentan los jueces de Uruguay y Perú.

Dado en Santiago de Chile, hoy 07 de mayo de 2013.