Magistrado Gerardo Bernales realizó una breve reseña de su tribunal que, hace pocos días, conmemoró 191 años de vida.
Diario El Centro, Talca
¿A qué año se remonta la creación del Primer Juzgado de Letras de Talca y cuál es su contexto histórico?
“Sin ser historiador, tengo entendido que en la época del gobierno de Freire, en 1824, existían muchos conflictos entre el poder central y los cabildos, buscando el gobierno central quitar poder a los cabildos, entre ellos, restarles las facultades judiciales que tenían hasta ese momento.
Así el 12 de agosto de 1824, el Presidente Ramón Freire, junto al ministro, Francisco Antonio Pinto, firmaron el decreto que crea el Primer Juzgado de Letras de Talca, con jurisdicción sobre lo que hoy son aproximadamente las provincias de San Fernando, Curicó y Talca, con su sede en Talca.
Si bien esta creación de un Juzgado de Letras privó de casi todas las funciones judiciales a los cabildos, persistieron algunas que actualmente son -en general- materias de los juzgados de policía local. El mayor beneficio que se logró con la creación de este Primer Juzgado de Letras fue dar respuestas jurídicas y no políticas a los conflictos, y tener una mayor unidad de criterios en la jurisprudencia, que era íntegramente formada por opiniones de jueces”.
¿Cómo ha evolucionado el tribunal, en términos de dotación de funcionarios, ubicación y asuntos jurisdiccionales?
“No tengo claro si la competencia que se le entregó a este Primer Juzgado era civil y criminal –la correcta en mi opinión- o solo civil, conservando la criminal los juzgados de Santiago; lo cierto es que ello se puede tener claro el 5 de septiembre de 1866, cuando se crea el Primer Juzgado del Crimen en Talca, hoy Segundo Juzgado de Letras.
Es en ese momento que este Primer Juzgado lo es en lo Civil y el actual segundo se llama Primer Juzgado de Letras del Crimen. En 1930, se modifican las competencias de los juzgados, pasando ambos a tener competencia civil y criminal, y el Primero del Crimen pasa a llamarse Segundo Juzgado de Letras. Posteriormente, en 1876, se crea en el departamento de Vichuquén un Juzgado de Letras, que hoy no existe. Y en 1888 se creó la Corte de Apelaciones de Talca, siendo éstos los juzgados más antiguos de la jurisdicción.
Desde su creación hasta hoy han pasado 42 jueces, siendo el primero de ellos el magistrado, José Miguel Munita, quien ejerció el cargo por 10 años. La magistrada que más tiempo ha estado en el cargo es la actual fiscal judicial, Erika Novack, quien sirvió el cargo por 15 años. Y yo llevo en el cargo 13 años”.
¿Pensando en los próximos cien años, cómo se prepara el tribunal para enfrentar la reforma procesal civil?
“Creo que el juzgado como tal puede cambiar denominación. La estructura que viene diseñada, hasta el momento, es la de crear Juzgados de Cobranza y, luego, un Juzgado Civil Oral, ambos con pluralidad de jueces, por lo que, con la llegada de la esperada reforma, dejaremos de ser el primer Juzgado de Letras de esta jurisdicción, y pasaremos a ser el primer Juzgado Civil, donde seguramente nos integraremos los actuales colegas y algunos otros, que es lo que esperamos.
Los funcionarios poco a poco se han ido acercando a los futuros modelos, puesto que, por ejemplo, la tramitación del 90% de nuestras causas -las de cobranza- se hacen digitalmente, lo mismo que las demás civiles. Pero en este caso, habrá audiencias orales y tramitación de despacho a través de sistemas informáticos, los que ya ocupamos en la actualidad. Por ello, creo que cada vez estamos mejor preparados para un cambio que es necesario e inevitable, con la modernización final de toda la justicia chilena”.
“Siempre es más fácil culpar al juez”
¿Cuál es su reflexión pensando en la actual crisis de confianza hacia las instituciones?
“Las crisis de confianza no se superan con palabras, sino con acc iones, con hechos. La desconfianza nace cuando se cree que alguien actúa mal, pero nuestro actuar está siempre a la vista, en los expedientes. Si nosotros actuamos mal, hay vías procesales y disciplinarias que permiten a un tribunal superior -la Corte de Apelaciones- enmendar errores y sancionar si hay mala fe.
Siempre he pensado que la desconfianza nace principalmente -también hay culpas nuestras, no se puede desconocer- de algunos operadores jurídicos que, para justificar expectativas no cumplidas y ofrecidas a sus clientes, nos culpan a nosotros. He sabido de quienes aseguran que van a ganar, incluso hasta ponen plazos.
Y cuando lo que se ofreció como servicio no se cumple, siempre es más fácil culpar al juez o jueza. Afortunadamente siempre son los mismos, generalmente no son abogados y terminan siendo descubiertos, pero el daño ya está hecho. La cultura del rumor y el engaño daña toda la institucionalidad de la justicia, que es lo más objetivo que tenemos para solucionar los conflictos pacíficamente”.