ANM inicia campaña en ayuda de familia de asociada fallecida

El Departamento de Bienestar de la Asociación Nacional de Magistrados (ANM) inició el pasado jueves 29 una campaña solidaria para reunir fondos en ayuda de la familia de la ex Relatora de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, Andrea Merello Gera (Q.E.P.D.), quien falleciera trágicamente la mañana del 14 de octubre.

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En su última reunión, el Directorio de la ANM acordó lanzar una Campaña Solidaria destinada a captar un aporte voluntario y de cualquier monto por un período de 1, 2 ó 3 meses, según las posibilidades y lo que manifieste cada asociado.

Para lo anterior se ha dispuesto la difusión de un formulario que cada asociado podrá hacer llegar a la Asociación a los correos aalcaino@magistrados.cl ó phurtado@magistrados.cl. Finalmente, el Departamento de Bienestar del gremio hizo un llamado “a ser generosos, a colaborar con la familia de una mujer que nos dejó lindos recuerdos de alegría, humildad y trabajo duro, entre muchas cualidades”.

Cabe recordar que la institución, apenas impuesta de lo sucedido, extremó las medidas para entregar con prontitud el Fondo Solidario a los beneficiarios designados por la asociada, ayuda que sin embargo resulta insuficiente pues la asociada era la principal sostenedora de su familia.

Conclusiones de la 43a. Convención de la Asociación Nacional de Magistrados 2015

La Convención Nacional Ordinaria del año 2015 se llevó a cabo en dependencias del DUOC y Centro Cultural ex Cárcel de la ciudad de Valparaíso entre los días 8 y 10 de octubre pasado, con la asistencia de más de 150 asociados y asociadas provenientes de todo el país y se inició con una Plenaria de apertura a cargo de la Presidenta de la Regional organizadora, Jany Silva, quien cedió luego la palabra al Presidente de la Nacional, Álvaro Flores, que procedió luego a dar cuenta de los principales hitos del período en cumplimiento de las obligaciones estatutarias y acuerdos de los distintos órganos institucionales que se encuentran consignadas en la Memoria anual respectiva y que fue aprobada por la asamblea.

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En la misma jornada, ofreció posteriormente una exposición sobre los principales aspectos del funcionamiento de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial su Directora, Lucy Dávila, mientras que en el plano administrativo y financiero, se dio cuenta a la asamblea del balance patrimonial y presupuestario con apoyo visual por parte del administrador de la institución, Alex Alcaíno, complementado posteriormente por el informe de la Comisión Revisora de Cuentas y expuesto por el asociado miembro de esa instancia, Patricio Souza, aprobado por unanimidad y sin observaciones, por aclamación.

Enseguida se formaron cuatro comisiones de acuerdo con el temario fijado por la Junta Nacional anterior de agosto pasado: 1) Comisión de Jubilación Digna y Fraterna; 2) Comisión sobre Autoacordados de la Corte Suprema; 3) Comisión sobre entrega del 30% de los ingresos a las Asociaciones Regionales; y 4) Comisión sobre relaciones con la Corporación Administrativa de Poder Judicial (CAPJ en adelante).

Jubilaciones y retiro

En materia de jubilación y condiciones de retiro, dio cuenta de su trabajo la Comisión por una Vejez Digna y Fraterna a cargo de la asociada Gabriela Varela, desechándose la idea de incorporar a los asociados jubilados con plenitud de derechos por ser ello una cuestión de Convención Extraordinaria -cuestión abordada de hecho en la de junio pasado- habida cuenta además de las observaciones de la Dirección del Trabajo realizadas por dicho organismo respecto de los jubilados y su calidad de socios.

Asociado a lo anterior y debatido el tema, se aprobó la mantención de la cuota extraordinaria para capitalizar fondos que servirán para financiar un eventual proyecto de Casa de Acogida.

En cuanto a la situación previsional de asociados y asociadas -considerando la coexistencia de cotizantes en actual sistema de AFP y en el antiguo- expuso el académico Pablo Arellano, quien conduce un estudio tendiente a recoger información al respecto con miras a la elaboración de propuestas concretas de mejoramiento de las condiciones de retiro del Escalafón Primario, que incluye una encuesta que proseguirá durante el próximo período extendida a jubilados a través de la comisión respectiva y asociaciones regionales.

Por último, el Director Mauricio Olave dio cuenta de gestiones y estrategia jurídica para permitir a asociados y asociadas en retiro para que perciban el bono de gestión devengado el año anterior, causa que patrocinará el abogado Roberto Celedón, al tiempo que se acordó explorar la adscripción de los jueces jubilados a una asociación propia susceptible de confederarse con la ANM al alero de la ley 19.296.

En cuanto al actual Fondo Solidario de Retiro, se acordó solicitar a la CAPJ notificar a la ANM el cese de funciones apenas este ocurra a fin de agilizar el pago del beneficio correspondiente en cada caso, sin perjuicio del reglamento respectivo. Se acordó asimismo que el Directorio revise el monto de este fondo, como asimismo convertirlo a unidades de fomento.

Actividad regulatoria de los tribunales superiores

En materia de Autos acordados y la actividad regulatoria de los Tribunales Superiores en general, expuso la asociada Soledad Piñeiro, quien detalló la discusión al interior de dicha comisión, a partir del resultado de las impugnaciones de los autos acordados durante el período, que se dio en tres frentes: el judicial, el político y el comunicacional.

Respecto del primero, se respaldaron las gestiones del Directorio en cuanto a la vía constitucional y su actual curso; en cuanto al político, se acordó mandatar al Directorios Nacional y Regionales para explorar dicha vía, y por último, en el plano comunicacional, se acordó mandatar al Directorio para que arbitre las medidas necesarias para visibilizar la postura de la ANM, incluidas movilizaciones.

Así también se ratificó el llamado anterior a que asociados y asociadas se abstengan de participar en comités y comisiones de trabajo “por estamentos” de la Corte Suprema que no importen el reconocimiento del gremio como también a no votar en los procesos de elección de dichos “representantes”.

En relación con los Autos acordados de precalificaciones se aprobó solicitar a las Cortes de Apelaciones, en una única petición, no aplicar la normativa contenida en el Acta 142 – 2015 -que refundió regulaciones anteriores- por estimarse apartada de la legislación vigente, solicitando a su vez a los asociados abstenerse también de participar en las comisiones de pre-calificación o renunciar a ellas; y en caso de no poder hacerlo, calificar con nota siete, señalando como frase de fundamentación “no estando facultados legalmente para precalificar y a fin de no perjudicar al funcionario”, si fuere posible.

Devolución de cuotas a las Regionales

Sobre la aplicación del artículo 61 de los estatutos vigentes -disposición que obliga a la devolución del 30% de las cuotas a las asociaciones regionales- y el mecanismo que haga viable su ejercicio en el tiempo, se aprobó un sistema solidario, proporcional y progresivo que implica mantener las actuales cuotas nacional y regional y que consiste en constituir, a partir del 30% de la recaudación social total de la Nacional, y con una parte de ésta, un fondo especial capitalizado trimestralmente y proporcional al número de asociados, dividido para, en un 30% servir para solventar los gastos de gestión de las Regionales más pequeñasy en un 70% para apoyar la realización de las convenciones nacionales, todo a ser regulado reglamentariamente de acuerdo con los estatutos que rijan.

Relación con la Corporación Administrativa del Poder Judicial

Posteriormente se abordó el informe de la comisión abocada a analizar las relaciones institucionales con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, materia respecto de la cual se adoptaron los siguientes acuerdos:

– Suplencias. Se aprobó mandatar al Directorio para que promueva la incorporación de un representante de la ANM en el estudio de la elaboración de presupuesto y asignación respectiva.

– Medición de cargas de trabajo. Se aprobó oficiar a la Corte Suprema haciendo presente la preocupación de la Asociación por el crecimiento y centralismo excesivo de la C.A.P.J. como también la demora en los procesos de selección de personal; propiciar la formación de una comisión permanente de trabajo con el Ministerio de Justicia y la CAPJ para medir cargas de trabajo con criterios comunes; encargar un estudio independiente que en el campo de la “ingeniería” o de la “estadística” establezca la forma de medición más adecuada por tipología de tribunal y pedir que se apruebe la disponibilidad de fondos de parte de la ANM para asesoramiento técnico en esta materia.

– Dirección de Desarrollo Institucional como unidad esencial dentro de la CAPJ. Se acordó instar al Directorio para perseguir mayor participación en la actividad e informes de la DDI y proponer nuestros propios estudios elaborados por profesionales del área de la ingeniería o la estadística.

– Unidad de Reclutamiento. Se aprobó incluir esta problemática en el mismo oficio a la Corte Suprema que se propuso anteriormente en coordinación con las demás asociaciones gremiales.

– Clima laboral. Se hará presente a la CAPJ que para la ANM el clima laboral reviste la mayor importancia para el desempeño de nuestra labor, por lo que se estima que la actual Unidad encargada de Clima Laboral de la CAPJ (con 7 funcionarios) no presta el servicio realmente requerido.

– Infraestructura. Se dirigirá comunicación a la CAPJ haciendo presente la lentitud y problemas que presentan los sistemas computacionales y la falta de mobiliario adecuado y su influencia en el rendimiento y en el clima laboral, junto con la necesaria intervención de los Comités Paritarios.

– Metas de gestión. Se propondrá la designación de un delegado permanente por regional (que puede o no ser director) y se hará presente a la ANM la importancia que tiene recibir la información de las metas de gestión en forma oportuna y socializada.

Cuestiones finales

A solicitud del asociado Antonio Ulloa se mandató al Directorio para proceder respecto de diversas solicitudes tales como la necesidad de dotar a las Cortes de Apelaciones de un informático; necesidad de criterio única para la aplicación del artículo 47 del Código Orgánico de Tribunalesy hacer presente la dicotomía de la información de entrega la Unidad de Estudios de la Corte Suprema con la que da la DDI (problema de dependencias) que entraba la creación de tribunales.

Se aprobó a Iquique como sede de la próxima 44a. Convención Nacional del año 2016.

El Directorio de la ANM hizo entrega de reconocimientos por su destacada trayectoria gremial a la asociada hoy jubilada Cecilia Vega y al Presidente de la Regional de Atacama por su meritoria conducción ante la catástrofe climática que afectó a la zona en marzo pasado.

El Presidente del Instituto de Estudios Judiciales, asociado Haroldo Brito, dio cuenta detallada de la gestión y finanzas de la institución y de la renovación de su Directorio, tanto en sus consejeros internos como externos, esto últimos en la persona de los señores Franco Brzovic y Sergio Rojas, quienes fueron ratificados por la asamblea.

Reunión de Directorio

Reunido el Directorio el 10 de octubre, sesionó acordando en relación con el Instituto de Estudios Judiciales y la renovación de su Consejo Directivo:

a) Designar como representantes de la ANM en el Consejo Directivo a los asociados(as) Doña Gloria Ana Chevesich, Mauricio Olave, Haroldo Brito, Leopoldo Llanos y Alejandro Huberman, dejando el cargo servido por el último período los asociados Diego Simpértigue y Álvaro Flores.

b) Disponer la integración regular, de los directores Alejandro Vera y Olaya Gahona para que se integren como delegados del Directorio ante el IEJ, y canalicen y coordinen principal pero no exclusivamente, el trabajo de las regionales del norte y del sur a la tarea académica del IEJ.

Primer Foro “Poder Judicial y Pueblos Indígenas”

La Comisión de Derechos Humanos y Género de la Asociación Nacional de Magistrados y la Red de Funcionarios Indígenes del Poder Judicial chileno invitan al Primer Foro “Poder Judicial y Pueblos Indígenas” que se llevará a cabo el próximo 29 de octubre a las 17.30 horas en el Ex Congreso Nacional.

En la oportunidad, expondrán:

MERCEDES LEMA. Jueza de la Corte Provincial de la República de Ecuador. “Descolonización de la Justicia en Latinoamérica”.

ARIEL LEÓN BACIÁN, “Pueblos Indígenas y Nueva Constitución”.

NANCY YAÑEZ. Observatorio Ciudadano. “Los Tribunales de Justicia Chilenos frente a la protesta social indígena, análisis de jurisprudencia”.

JORGE ILLAPAN. Centro de Estudios Rümttum. “Hacia un sistema de Justicia Plurinacional en Chile”

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Instrucción de la Corte Suprema sobre calificación de jueces genera opiniones diversas entre Cortes de Apelaciones

Normativa del Máximo Tribunal fue impugnada por la Asociación de Magistrados y ha generado desconcierto entre jueces y funcionarios que cuestionan su aplicación.En Arica, Iquique, Valparaíso, Rancagua y Concepción no hubo candidatos a integrar dichas comisiones “precalificadoras”.

Renuncias, votos disidentes, escuetos “téngase presente” que explicitan la organización jerárquica del Poder Judicial por las de Cortes de Apelaciones y falta de candidatos para integrar “comités de precalificación” trajo consigo la aplicación de las polémicas actas 141 y 142 de la Corte Suprema que crearon los llamados “órganos pre-calificadores” y que en opinión del gremio se apartan de lo que establece la ley y la Constitución al respecto.

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La cuestionada regulación, según los magistrados, entrega facultades de calificación a funcionarios que la ley no considera para esa función y motivó una presentación la semana pasada a todas las Cortes de Apelaciones del país -y la propia Corte Suprema- para que se abstengan de calificar a jueces y demás miembros del Escalafón Primario aplicando la mencionada acta y remitiéndose en cambio a lo dispuesto por el Código Orgánico de Tribunales.

Pero junto con lo anterior, la Asociación de Magistrados llamó a todos sus asociados a abstenerse de participar en esos comités o comisiones, renunciar a ellos si ya hubieren sido designados y en el caso que esto no fuere posible, calificar a todos los funcionarios –cualquiera sea el escalafón al que pertenecen- con nota siete (7), con fundamento en que al no estar autorizado por ley a realizar esa tarea y no poder excusarse de tener que cumplir una función ilegal, la ejecuta causando el menor daño posible.

Disidencia y renuncias

El lunes 19, la Ministra de la Corte de Concepción Carola Rivas informó al Pleno de ese tribunal que renunciaba a la Comisión Precalificadora por su “profunda convicción en forma personal y como juez, que la referida Comisión y las facultades otorgadas en las Actas 142 y 167 de la Corte Suprema se apartan de la Constitución y las Leyes, naciendo mi obligación de representar dicha situación, puesto que de realizar la función sin objeción, estaría vulnerando los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República”.

En Copiapó en tanto, hubo disidencia el mismo día en el Pleno de la Corte atacameña por parte del Ministro Antonio Ulloa que, al conocer la presentación de la ANM, consignó que “el mecanismo de precalificación establecido en el Acta 142 quebranta los artículos 5, 6, 7, 63 N° 1 y 77° en concordancia con el artículo 4° transitorio, todos de la Constitución Política del Estado, así como los artículos 273 a 278 bis del Código Orgánico de Tribunales, de modo que el Ministro disidente  mandatado en el artículo 304 del cuerpo legal antes citado, se ve obligado a darle estricta aplicación y, por ende, no dar curso a una Comisión no prevista por el legislador”.

“Emanando la normativa relativa a la Comisión Pre- Calificadora de miembros del Poder Judicial del ACTA N° 142-2015 dictada por la Excma. Corte Suprema, no corresponde a esta Corte emitirpronunciamiento sobre lo solicitado, debiendo ocurrise ante dicho tribunal” acordó martes el Pleno de la Corte de Apelaciones de La Serena.

En la Corte de Apelaciones de Arica en tanto, en resolución dada a conocer hoy, el voto en contra del Ministro Marcelo Urzúa plasmó su opinión de “remitir los antecedentes a la Excelentísima Corte Suprema por corresponderle su conocimiento y resolución, haciendo presente que comparte íntegramente los fundamentos de la presentación de que se ha tomado conocimiento con esta fecha, toda vez que, el proceso de precalificación regulado en las Actas N° 142-2015 y N° 167 -2015 de la Excelentísima Corte Suprema, se apartan de la Constitución y las leyes de la República”.

Presidente inauguró Jornadas de Derecho Público de la Universidad de Valparaíso

Era el plato fuerte de la jornada. Con su conferencia “La deslealtad de la Corte Suprema” -en alusión al actual desborde legislativo del Máximo Tribunal chileno y la necesaria lealtad entre los poderes del Estado- el Presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Álvaro Flores, abrió esta tarde las XLV Jornadas de Derecho Público que la Universidad de Valparaíso lleva a cabo hoy y mañana en la sede de calle Errázuriz de la capital porteña, en una muestra inédita de la atención que por estos días acapara la actividad regulatoria de ese tribunal y el contrapeso que al impugnar las “Actas” impulsa con creciente brío la ANM desde hace casi un año.

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El dirigente dividió su ponencia en dos partes; la priemra dedicada a “la organización de la Magistratura como un atentado a la Independencia de la función Jurisdiccional”, tema que señaló si bien podía resultar familiar para los presentes, estimó necesario revisitar.

“En el Modelo Chileno de organización judicial el juez es un funcionario, imbricado en una carrera, donde ésta y el régimen disciplinario se erigen como las principales amenazas de la independencia judicial. En este antimodelo de organización, señaló el Magistrado Flores -en el concepto del juez español Perfecto Andrés Ibáñez- “el juez está sometido a control superior, concebido como un funcionario en una organización jerárquica, que debe modelar su carácter y sus expectativas de carrera a la voluntad real o presunta del superior, que no pocas veces se percibe como un “comisario” del superior, detentando un poder “delegado”, amenazado por una batería de normas que desde la sola posibilidad de activación hasta la aplicación regular y efectiva son un atentado contra la independencia intraorgánica del juzgador” precisó el Presidente de la ANM.

En la segunda parte de su conferencia inaugural, el también docente, en alusión a la impugnación de las “Acta”, etiqueta con la que desde 2005 el Máximo Tribunal rubrica sus autos acordados, dijo que “es cierto que esta cuestión parece secundaria, de segundo orden y hasta invisible frente a las prioridades que parecen movilizar el prurito de reforma constitucional.

FInalizó señalando que “ante la insuficiencia de mecanismos institucionales que inhiban o repriman la tentación de invadir parcelas competenciales definidas por la Constitución y la desatención de los poderes invadidos, inconscientes y mal preparados para impetrar los pocos arbitrios existentes creemos que es posible apelar a los ideales del Derecho, y dentro de ellos apelar a la lealtad de quienes detentan el ejercicio de los poderes públicos, de la mano de aquella hermosa expresión de la Constitución francesa de 1795…” explicando el sentido de la expresión con que tituló su conferencia: “La deslealtad de la Corte Suprema”.