La pesadilla del juez Robart

La decisión del magistrado norteamericano permite comprender por qué la independencia del juez no es una prerrogativa ni un privilegio personal o corporativo, sino una condición indispensable en favor de los que debe juzgar.

*Columna del Presidente Álvaro Flores publicada en El Mostrador.

No es fácil en el Chile de hoy llamar la atención sobre la importancia que tiene la existencia de jueces independientes.

El caso del juez estadounidense James Robart, quien acaba de garantizar el derecho de inmigrantes de siete nacionalidades de ingresar a EE.UU., suspendiendo el veto del presidente Trump, demuestra de manera muy clara el rol que cumple una judicatura independiente.

La decisión del magistrado norteamericano permite comprender por qué la independencia del juez no es una prerrogativa ni un privilegio personal o corporativo, sino una condición indispensable en favor de los que debe juzgar. Una garantía para la vigencia de los derechos de las personas, que cobra especial relevancia en el caso, por tratarse de un amparo judicial contra una resolución emanada ni más ni menos que de la máxima autoridad del país, que ha intentado abrogar un derecho vigente mediante un acto de autoridad.

Por estos días, la Corte Suprema chilena ha reconocido el derecho a sufragio de personas privadas de libertad que no han perdido sus derechos políticos y el deber de los órganos estatales de disponer las condiciones para garantizar su ejercicio, en el marco de la resistencia del Servel y Gendarmería, que por muchos años vienen anteponiendo consideraciones fundamentalmente utilitaristas para no materializarlo.

Antes que el Máximo Tribunal en Chile, mucho antes, el juez Daniel Urrutia declaró ese derecho y –en un acto no inhabitual– la resolución no solo fue revocada, sino que el magistrado fue sancionado por su Corte. Una consecuencia que solo es posible en nuestro país por las potestades disciplinarias amenazantes de que disponen las cortes chilenas y que constituyen un grave atentado a la independencia judicial.

En otro caso, antes del incendio del penal de San Miguel, el juez Urrutia ya había sido sancionado también, cuando en una “visita de cárcel”, ejerciendo una función legalmente prevista, intentó registrar en video las miserables e inhumanas condiciones en que habitan los presos. Años más tarde, la propia Corte Suprema denunciaría el incumplimiento del Estado de condiciones mínimas de privación de libertad, a la luz de los tratados internacionales y asumiría casi como “política” regular esa denuncia. Pero la sanción a Urrutia no fue revocada.

En el caso de la visita de cárcel, los órganos afectados –movilizados para impedir el control jurisdiccional, sabedores de los efectos intimidantes de la amenaza disciplinaria– acusaron al juez Urrutia, encontrando terreno fértil en las cortes inquisitoriales, compelidas por el peso de la noche. Cortes incomprensiblemente confundidas aún, entre el rol esencial que les cabe en la protección de los derechos de los individuos y el absurdo y anacrónico papel de intendentes de lo doméstico, juzgadores sin debido proceso.

El parangón nos permite apreciar, con nitidez, que el costo de cautelar derechos fundamentales para un juez de primer grado en Chile es un precio muy alto y se paga uno a uno. La cara visible de ese precio ha sido el Juez Urrutia.

En Estados Unidos, por hacer esencialmente lo mismo, el juez James Robart se erige como el rostro de una jurisdicción independiente, garantía del funcionamiento de la democracia, algo especialmente valioso en tiempos de creciente incertidumbre.

Ni en sus peores pesadillas podría acechar a Robart un “superior jerárquico” para sancionarlo por cumplir su función.

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Declaración pública

La Asociación Nacional de Magistrados, en conocimiento de la situación que afecta a la Jueza Sra. Paulina García, Titular del Primer Juzgado de Familia de Santiago, objeto de actos difamatorios ventilados a través de redes sociales por la organización “Amor de Papá”, en el marco de una causa por violencia intrafamiliar, manifiesta lo siguiente:

1.- Rechazamos el ataque del que hemos tomado conocimiento en contra de la Magistrada García, a quien se ha sindicado erróneamente como responsable de una resolución que decretó medidas cautelares en contra de un interviniente en una denuncia efectuada en contra de éste por su cónyuge.

2.- El contenido y alcance de diversas expresiones difundidas a través de redes sociales por el colectivo “Amor de Papá”, revelan absoluto desconocimiento de las circunstancias procesales que derivaron en las medidas cautelares que se aplicaron en la causa mencionada: éstas no fueron despachadas por la Magistrada aludida, sino que por el Centro de Medidas Cautelares de la capital.

3.- Tampoco es efectivo que la Magistrada García haya asumido algún tipo de representación de la cónyuge del interviniente y que esto haya derivado en su favorecimiento ante las policías; en el tenor o en la urgencia de lo resuelto por los Juzgados de Familia de la ciudad de Santiago: la rapidez de las medidas atiende exclusivamente la gravedad de los hechos que se denuncian, y tal fue el caso que afectó a la cónyuge que realizó la denuncia, no mediando intervención alguna de la Jueza Sra. García.

4.- De los antecedentes conocidos, se desprende que los intervinientes siempre tuvieron acceso a ser tratados por un tribunal imparcial y en igualdad de condiciones, toda vez que fue la propia Jueza Sra. García quien se inhabilitó de participar e intervenir en la causa que terminó con un acuerdo entre las mismas partes, en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 196 número 15 del Código Orgánico de Tribunales como consecuencia de conocer a la cónyuge y ser ambas apoderadas en el mismo colegio.

5.- Cabe agregar que por esta circunstancia, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago abrió un sumario a la Magistrada tras el reclamo del cónyuge en la causa mencionada, quien indicó sentirse afectado por el actuar de la Jueza Sra. García, antecedentes que investigados derivaron en su absolución de todo cargo.

Asociación destaca en entrega de Bases Ciudadanas del Proceso Constituyente

“El mejor remedio al escepticismo y al pesimismo es la evidencia, y aquí está: en la elaboración de la Constitución de 1833 participaron 36 personas; en la de 1925, 122 personas; en la Constitución de 1980, fueron 12 personas. Y en este proceso constituyente, son 204.402 personas”, afirmó hoy la Presidenta Michelle Bachelet durante la ceremonia en la que dio cuenta del resultado de la etapa participativa de las Bases Ciudadanas del Proceso Constituyente para una Nueva Constitución en el que la ANM hizo su aporte en la fase correspondiente con más de 10 encuentros locales a lo largo del país durante 2016.

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El evento, realizado hoy en el patio de Los Cañones de La Moneda, y en el que la asociación destacó como el único actor gremial del sector convocado, contó con la asistencia del Vicepresidente Alejandro Huberman, las Directoras Olaya Gahona, Gabriela Varela y el Director Alejandro Vera, quienes en representación de la ANM recordaron la participación de la institución en el proceso, motivada en su momento por “el interés de contribuir con nuestras ideas, forjadas desde el debate y la democracia interna, fruto de años de estudio, reflexión y acumulación de un valioso acervo a partir de la operación del Derecho e interacción permanente con el mundo académico”, según se leía en abril pasado en una inserción en el vespertino La Segunda.

La ANM fue una de las primeras instituciones en apoyar públicamente el proceso, convocando a asociados y asociadas a participar activamente en todas las fases de lo que se estimó como “proceso histórico para forjar una Carta Fundamental democrática y ampliamente legitimada”.

En la foto, el Director Alejandro Vera; la Directora Gabriela Varela; la Presidenta Michele Bachelet y la Directora Olaya Gahona.

Asociación de Magistrados recurre de protección en favor de afectados por omisión de reajuste al sector público

La acción ejecuta un acuerdo unánime de Directorio. Asociación de Fiscales del Ministerio Público dedujo un recurso similar en ingreso separado con esta misma fecha.

Un recurso de protección en representación de los asociados y asociadas afectadas por la omisión -que se estima como ilegal y arbitraria- de un número importante de miembros del Escalafón Primario del Poder Judicial del último reajuste de las remuneraciones del sector público como resultado de la aplicación de un injustificado tope presentó hoy la Asociación Nacional de Magistrados ante la Corte de Apelaciones de Santiago, patrocinado por los abogados Hernán Bosselin y Ramón Briones.

La acción ejecuta un acuerdo unánime del Directorio de la institución y fue seguido de un escrito similar en ingreso separado deducido por la Asociación de Fiscales del Ministerio Público.

Se fundamenta en la “omisión ilegal y arbitraria en que ha incurrido la Corporación Administrativa del Poder Judicial, absteniéndose de cursar el pago del reajuste de remuneraciones de 3.2% del sector público,(…que) lesiona el derecho de propiedad de los afectados y asimismo conculca las garantías previstas en el Art. 19 N° 2, 22 y 24 de la Carta Fundamental, en términos que, -Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias-”.

El Presidente de la ANM, Álvaro Flores, señaló que “la acción se enmarca en acuerdo de la Unión de Profesionales del Sector Judicial y Legislativo que incluye a Jueces, Fiscales, Defensores y Profesionales de ambas Cámaras; fue un acuerdo unánime de Directorio y actuamos en el marco de la misión que el ordenamiento reconoce a las asociaciones en favor del interés común ante un perjuicio evidente que afecta a la generalidad de asociados y asociadas”, dijo el dirigente.

Magistrados, Fiscales, Defensores y Secretarios Abogados del Congreso se reunieron con nuevo Presidente de la ANEF

Se trata de la primera actividad de la Unión de Profesionales del Sector Justicia y Legislativo creada en diciembre pasado.

Un valioso intercambio de información se dio ayer en la sede de calle Merced en el marco de una reunión almuerzo convocada por la ANM junto a representantes de los gremios de Fiscales del Ministerio Público, Defensores Penales Públicos y Secretarios Abogados de la Cámara -todos adscritos a la Unión de Profesionales del Sector Justicia y Legislativo- a la que asistió el nuevo Presidente de la ANEF, Carlos Insunza.

Los dirigentes, por la ANM, encabezados por el Presidente Álvaro Flores, la Directora María Soledad Piñeiro y los Directores Alejandro Huberman y Mauricio Olave, compartieron experiencias e impresiones en torno a los problemas comunes que afectan transversalmente a los gremios sectoriales en diálogo con el nuevo timonel de la multigremial, tras lo cual coincidieron en el interés de explorar fórmulas de trabajo conjunto a partir de un “relato compartido” que enriquezca el trabajo que fluye en el seno de la actividad asociativa de las instituciones que representan.

A la cita asistieron también la Directora de la Asociación de Fiscales Trinidad Steinert y el Director de la Asociación de Defensores Penales Públicos Pablo Sanzana, en tanto que por la Asociación de Profesionales de Secretaría de la Cámara asistieron María Eugenia Silva Ferrer, Mario Rebolledo y Cristián Ortiz.

En la foto: de pie: (izq a der) Mario Rebolledo; Álvaro Flores; Carlos Insunza; Pablo Sanzana; María Soledad Piñeiro y Alejandro Huberman. Sentados: (izq a der) Mauricio Olave; Trinidad Steinert; María Eugenia Silva y Cristián Ortiz.

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