Señor Director:
Se ha informado en los últimos días sobre procesos disciplinarios seguidos por la Corte de Apelaciones de Santiago contra un juez de garantía, llegándose a sugerir incluso la existencia de un enfrentamiento entre la Asociación de Magistrados y la corte capitalina. Me permito precisar que si esta asociación está enfrentada a alguien o algo no es a una Corte de Apelaciones, sino a la vergüenza que significa mantener y aplicar en el ámbito disciplinario un procedimiento que no se ajusta ni remotamente a los estándares del debido proceso.
En esa convicción, el directorio nacional de la ANM viene acogiendo varios amparos gremiales que dan cuenta de prácticas inquisitoriales intolerables en el marco de un déficit normativo que sólo puede superarse por una reforma constitucional y legal. Hemos concluido que la dignidad de la función pública judicial y, sobre todo, la independencia de la función (prevista en todos los ordenamientos democráticos comparados como una garantía ciudadana y jamás como una prerrogativa o privilegio del juez) son afectadas severamente, y con ello se desdibuja la posibilidad de que los jueces apliquen el derecho, encontrándose bajo la permanente amenaza de sanción, sometidos al imperio de la máxima discrecionalidad.
La ANM ha seguido el camino del derecho logrando este año que el Tribunal Constitucional suspenda estos y otros procesos disciplinarios incoados por diversas cortes, bajo estrictos argumentos jurídicos. No cejaremos en esta lucha, pues se trata de una cuestión que trasciende el nombre y apellido de quienes son sometidos estas paupérrimas normas, mera cobertura de una discrecionalidad intolerable.
Álvaro Flores Monardes
Presidente Asociación de Magistrados de Chile